A 12 años del derrame, las comunidades advierten que el programa presentado por Semarnat no garantiza la continuidad presupuestaria de los trabajos, excluye de la remediación a la presa Abelardo L. Rodríguez y mantiene dudas sobre la coordinación institucional y el acceso a agua limpia.
Los Comités de Cuenca Río Sonora cuestionaron el nuevo Programa Integral de Remediación Ambiental en la Cuenca del Río Sonora, presentado el 14 de octubre en Ures, Sonora, al señalar que carece de garantías suficientes para asegurar la atención de la contaminación y la protección de las comunidades afectadas.
En un pronunciamiento fechado el 22 de octubre de 2026, las organizaciones comunitarias rechazaron que hayan expresado confianza en el plan, como señaló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado publicado el 15 de octubre. Según los Comités, durante la reunión manifestaron inquietudes relacionadas con sus derechos humanos y las acciones de remediación.
El posicionamiento advierte que, a más de 12 años del derrame que afectó la cuenca, persisten dudas sobre el alcance de las medidas, los recursos disponibles y la capacidad de las autoridades para garantizar agua limpia y ecosistemas sanos.
Tres etapas para la remediación de la cuenca
El programa fue presentado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) y contempla tres etapas principales:
- Caracterización ambiental: evaluación de la cuenca a lo largo de 288 kilómetros, a cargo de Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada.
- Remediación de suelos: excavación de aproximadamente 100 mil toneladas de material contaminado.
- Disposición de residuos: traslado de los materiales que no puedan ser tratados a centros de confinamiento autorizados en Coahuila y Nuevo León.
Aunque el programa plantea estas acciones, los Comités sostienen que no existen garantías suficientes de que la contaminación quede resuelta al finalizar 2026 ni de que las comunidades dejen de recibir agua contaminada en sus tomas domiciliarias.
Cinco principales cuestionamientos de las comunidades
1. Presupuesto limitado y sin garantías de continuidad
Uno de los principales señalamientos es la falta de certeza presupuestaria. De acuerdo con los Comités, las autoridades han indicado que los recursos deben ejercerse durante 2026, sin garantizar que los trabajos puedan continuar si los tratamientos no resuelven la contaminación.
Las comunidades consideran que la remediación debe responder a los resultados ambientales y sanitarios, y no quedar condicionada únicamente al cierre del ejercicio presupuestal.
2. La presa Abelardo L. Rodríguez no contempla acciones de remediación
Los Comités señalaron que, durante una reunión con la DGGIMAR en septiembre de 2026, se había acordado extender las zonas de remediación hasta la presa Abelardo L. Rodríguez.
Sin embargo, afirman que el programa presentado únicamente contempla el monitoreo en esa zona, sin acciones directas de remediación. La exclusión preocupa a las comunidades debido a la importancia de la presa para el abastecimiento de agua de Hermosillo.
3. Deficiencias en la coordinación entre instituciones
El pronunciamiento también cuestiona la falta de coordinación entre las dependencias responsables de las áreas ambiental, hídrica y sanitaria.
Según los Comités, durante las mesas de diálogo las autoridades se han señalado mutuamente sin asumir responsabilidades claras, pese a que el programa se presenta como una estrategia integral.
Para las comunidades, la eficacia de la remediación requiere acciones coordinadas, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento que permitan verificar los resultados.
4. Exigen la participación de Conagua y transparencia sobre las obras de agua
Los Comités acusaron a representantes estatales y federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), identificados en su pronunciamiento como Rodolfo Castro y Efraín Morales, de ausentarse de las mesas de diálogo y de afirmar públicamente que existe coordinación con las comunidades, algo que estas organizaciones rechazan.
Por ello, exigieron la presentación de calendarios, presupuestos e información sobre las plantas potabilizadoras prometidas hace 12 años, además de los anexos técnicos que, aseguran, aún no han sido transparentados.
También pidieron a Semarnat asumir su responsabilidad de supervisión ambiental y atender las omisiones que atribuyen a Conagua.
5. Cuestionamientos sobre las empresas contratadas
Aunque reconocen que la DGGIMAR realizó un procedimiento público de licitación, los Comités expresaron preocupación por los antecedentes que atribuyen a las empresas Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada.
En su pronunciamiento, señalan que estas compañías cuentan con denuncias relacionadas con presuntas violaciones a la legislación ambiental y a los derechos humanos. En el caso de Semnsa, mencionan registros de presuntas amenazas y hostigamiento contra comunidades organizadas.
Estos señalamientos forman parte de la posición de los Comités y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las empresas.
Autoridades y representantes participaron en la reunión
De acuerdo con el documento comunitario, en la presentación del programa participaron la procuradora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy; la subsecretaria de Regulación Ambiental de Semarnat, Ileana Villalobos; el director de la DGGIMAR, Arturo Gavilán; autoridades de IMSS-Bienestar; representantes de las comunidades y del consorcio integrado por las tres empresas contratadas.
Los Comités consideran que la presencia de las instituciones debe traducirse en compromisos verificables, información pública y mecanismos de rendición de cuentas.
A 12 años del derrame, las comunidades exigen resultados
El pronunciamiento concluye con una exigencia de transparencia, coordinación institucional y garantías para que el nuevo programa no se convierta en otro intento fallido de remediación.
Las organizaciones sostienen que la solución debe contemplar la continuidad de los recursos, la atención efectiva de las zonas afectadas y el acceso seguro al agua para las comunidades de la cuenca.
La implementación del programa y sus resultados serán determinantes para evaluar si las medidas anunciadas responden a las necesidades ambientales y sociales de la región.
Fuente: Pronunciamiento de los Comités de Cuenca Río Sonora, fechado el 22 de octubre de 2026.