Representantes comunitarios de Sonora, Jalisco y Oaxaca pidieron al Gobierno de México pasar de los compromisos voluntarios a medidas obligatorias para prevenir daños ambientales y garantizar los derechos humanos. Entre sus demandas está la publicación de la Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.— Comunidades que llevan años denunciando afectaciones al agua, la salud y el medio ambiente pidieron al Estado mexicano establecer reglas claras y obligatorias para que las empresas prevengan daños, atiendan los impactos de sus actividades y reparen las afectaciones cuando ocurran.
La exigencia se planteó el pasado 8 de octubre durante el encuentro Reflexiones en torno a la agenda de empresas y derechos humanos en México, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la participación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, el Senado, autoridades federales, organizaciones civiles, sindicatos y representantes empresariales.
La reunión se llevó a cabo a diez años de la visita a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y a quince años de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en esta materia.
Uno de los principales llamados fue publicar e implementar la Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos, cuya consulta pública concluyó casi dos meses antes del encuentro, pero cuya publicación seguía pendiente al momento de la reunión.
La organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) señaló que el país necesita pasar de los compromisos voluntarios a obligaciones concretas que permitan prevenir abusos, garantizar la participación de las comunidades y establecer mecanismos efectivos de reparación.
Río Sonora y Río Santiago: comunidades que siguen esperando respuestas
Durante el encuentro, representantes de distintas regiones del país compartieron experiencias sobre los efectos de las actividades empresariales en sus territorios.
Martín Valenzuela, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, recordó que, a doce años del derrame asociado a la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, las comunidades continúan reclamando una reparación integral.
De acuerdo con su intervención, las medidas anunciadas en materia de salud, agua y saneamiento no han sido suficientes para atender las necesidades de la población. También cuestionó la falta de participación efectiva de las familias en las decisiones relacionadas con la remediación.
Por su parte, Alan Carmona, de la organización Un Salto de Vida, expuso la situación de las comunidades de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, ubicadas a orillas del río Santiago, en una región con importante actividad industrial.
Carmona señaló los efectos de la contaminación sobre la salud de las familias y las dificultades institucionales que enfrentan para ejercer sus derechos. Durante su participación, advirtió sobre los límites de depender únicamente de la voluntad de las empresas cuando existen normas que deben cumplirse.
Ambos testimonios reflejaron una de las principales preocupaciones de las comunidades: que las medidas de prevención, vigilancia y reparación no dependan exclusivamente de acuerdos voluntarios o de la presión social después de que ocurre un daño.
Conflictos territoriales y participación comunitaria
La reunión también incluyó testimonios sobre los conflictos relacionados con proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y la oposición de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, a la construcción de una carretera en su territorio.
El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) presentó la situación de los conflictos en Oaxaca, mientras que el caso de Xochicuautla puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas cuando consideran que los proyectos afectan sus territorios y derechos.
Las experiencias compartidas coincidieron en la importancia de garantizar la participación de las poblaciones en las decisiones que afectan su entorno, así como de proteger a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Para las organizaciones participantes, la prevención de conflictos requiere mecanismos de consulta efectivos, acceso a la información y vías para denunciar irregularidades sin poner en riesgo la seguridad de las personas.
PODER pide publicar la Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos
Elena Arengo, directora ejecutiva de PODER, reconoció avances en la incorporación de estándares internacionales sobre conducta empresarial responsable, pero advirtió que persisten pendientes en materia de consulta a pueblos indígenas, acceso a la justicia, reparación de daños y protección de personas defensoras.
La organización consideró que la publicación de la Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos debe ser uno de los primeros pasos para avanzar hacia un marco de actuación más claro.
La propuesta busca que las empresas identifiquen los riesgos que sus operaciones representan para las personas y el medio ambiente, adopten medidas para prevenirlos y respondan por los daños cuando estos ocurran.
En este contexto, la debida diligencia en derechos humanos implica que las compañías evalúen sus posibles impactos, actúen para evitar afectaciones y establezcan medidas de corrección y reparación cuando sean necesarias.
PODER sostuvo que estos mecanismos no deberían depender únicamente de la voluntad de cada empresa, sino contar con reglas claras, seguimiento y mecanismos que permitan verificar su cumplimiento.
ONU llama a convertir los compromisos en acciones
Durante el encuentro, Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, recordó que los Principios Rectores de la ONU establecen tres responsabilidades fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el derecho de las personas afectadas a acceder a una reparación efectiva.
Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, destacó los avances en políticas públicas y reformas, pero llamó a cerrar las brechas de protección, fortalecer las instituciones y traducir los compromisos en medidas concretas.
En las mesas de diálogo también participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las secretarías federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Economía y Relaciones Exteriores.
Entre los temas abordados estuvieron los derechos laborales, la libertad sindical, los efectos de las nuevas tecnologías y la supervisión de las cadenas de suministro.
Reglas claras también pueden dar certidumbre a las empresas
Además de la protección de las comunidades, PODER planteó que contar con reglas claras puede contribuir a reducir conflictos, retrasos y litigios, al permitir que las empresas identifiquen y atiendan los riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores.
La organización consideró que México cuenta con antecedentes y compromisos internacionales que pueden servir como base para avanzar en esta agenda, pero insistió en que la publicación de la Política Nacional debe acompañarse de mecanismos participativos de implementación y seguimiento.
El planteamiento central de las comunidades es que el desarrollo económico no debe avanzar a costa de los derechos humanos ni de la salud de la población. Para lograrlo, señalaron, se requieren obligaciones exigibles, instituciones capaces de hacerlas cumplir y espacios de participación comunitaria que permitan prevenir daños antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
