Hermosillo, Sonora, 7 de agosto de 2026. A doce años del derrame de aproximadamente 40 millones de litros de solución lixiviada ocurrido en los ríos Sonora y Bacanuchi, los Comités de Cuenca Río Sonora señalaron que la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Comunitario representa un avance insuficiente mientras no existan garantías de atención médica especializada para las personas afectadas.
La organización recordó que esta es la segunda ocasión en que se anuncia la construcción de un hospital para atender a la población del Río Sonora. En 2015 se inició la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), proyecto que nunca fue concluido y que quedó abandonado sin brindar atención a los habitantes de la región.
De acuerdo con los Comités, durante el acto oficial realizado por el Gobierno de Sonora se informó que la primera etapa del hospital estaría lista en abril de 2027; sin embargo, advirtieron que esta fase inicial no contará con la capacidad para atender a los más de 60 mil habitantes que las propias autoridades consideran población objetivo, ni se presentó una fecha para la puesta en operación del laboratorio especializado para detectar metales pesados.
La organización también cuestionó la falta de transparencia sobre el destino de los recursos comprometidos para la remediación del Río Sonora. Recordó que Grupo México acordó aportar 1,500 millones de pesos, de los cuales 500 millones ya fueron entregados para la construcción del hospital, aunque —aseguran— aún no se ha hecho público el convenio que establece las condiciones para ejercer esos recursos.
Asimismo, señalaron que continúa pendiente la implementación de un programa de atención médica especializada en toxicología para las personas que presentan afectaciones derivadas de la exposición a metales pesados.
Los Comités citaron que, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) entre 2021 y 2022, se detectaron 705 personas con presencia de plomo y otros metales en sangre, casos que requieren atención médica especializada y, en algunos pacientes, tratamientos de largo plazo.
Ante este panorama, las comunidades reiteraron tres demandas principales:
- Atención médica inmediata y especializada para las personas con afectaciones documentadas por metales pesados.
- Garantizar personal especializado en toxicología y recursos suficientes para la operación permanente del hospital.
- Transparentar el convenio suscrito entre Grupo México y el Gobierno Federal sobre el uso de los recursos destinados a la remediación del Río Sonora.
A doce años del considerado uno de los mayores desastres ambientales relacionados con la minería en México, las comunidades sostienen que la construcción del hospital deberá traducirse en servicios médicos efectivos y en un proceso transparente que responda a las necesidades de la población afectada.
