Zacatecas, Zac.- Conflictos laborales, disputas sindicales, afectaciones comunitarias y los retos regulatorios de la actividad minera en México fueron algunos de los temas abordados durante el Seminario Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería”, realizado en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El encuentro reunió a representantes sindicales, integrantes de organizaciones sociales, académicos y habitantes de comunidades vinculadas a proyectos mineros, quienes expusieron diversas problemáticas relacionadas con la industria extractiva en distintas regiones del país.
Por videoconferencia participó Óscar Álzaga Sánchez, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en representación de Napoleón Gómez Urrutia, quien abordó diversos conflictos laborales y sindicales.
Durante su intervención se refirió al caso de la mina Camino Rojo, en Zacatecas, donde afirmó que durante el proceso de titularidad sindical realizado en 2024 se registraron violaciones a la libertad sindical. Sostuvo que la empresa favoreció a una organización sindical distinta al Sindicato Minero y aseguró que trabajadores fueron objeto de intimidaciones. Asimismo, señaló que el sindicato promovió acciones ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con esos hechos.
Álzaga Sánchez también afirmó que dirigentes sindicales fueron agredidos durante el conflicto y reiteró que el Sindicato Minero mantiene como demandas centrales mejores condiciones de seguridad, estabilidad laboral y salarios para los trabajadores.
Respecto a Grupo México, hizo referencia al derrame ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, así como al accidente registrado en Pasta de Conchos en 2006. También recordó las huelgas iniciadas en Cananea, Taxco y Sombrerete, señalando que estuvieron relacionadas con demandas de seguridad y mejores condiciones laborales.
En relación con Peñasquito, sostuvo que dirigentes sindicales han sido separados de sus cargos y afirmó que tales acciones representan afectaciones a la libertad sindical. Asimismo, mencionó que instancias internacionales han revisado denuncias promovidas por la organización relacionadas con presuntas violaciones a derechos laborales.
Por su parte, José Núñez Velázquez, dirigente de la Sección 201 de San Martín, Sombrerete, realizó un recuento de los antecedentes de la huelga iniciada en 2007. Señaló que antes del estallamiento del movimiento se registraron diversos accidentes laborales y sostuvo que las demandas de los trabajadores estaban relacionadas con condiciones de seguridad dentro de la operación minera.
Núñez Velázquez afirmó que la falta de resolución de los conflictos laborales ha tenido consecuencias para cientos de trabajadores y sus familias durante casi dos décadas. También destacó que muchos de los integrantes de estos movimientos sindicales enfrentan actualmente problemas de salud y dificultades para acceder a una jubilación debido a los años transcurridos sin cotizar al sistema de seguridad social.
Durante su participación cuestionó además la actuación de distintos gobiernos federales en la atención de estos conflictos y señaló que algunos acuerdos alcanzados recientemente no han resuelto de manera integral las demandas planteadas por los trabajadores.
En el seminario también participó Alfonso Guerrero, ex trabajador de Minera La Colorada, operada por Pan American Silver, quien expuso la situación de habitantes de esa comunidad relacionada con procesos de reubicación y conflictos por la posesión de tierras. Asimismo, sostuvo que diversas promesas de desarrollo económico, empleo y beneficios para la población no se concretaron conforme a las expectativas generadas durante el desarrollo del proyecto minero.
Presentan declaratoria sobre minería, comunidades y trabajadores
Como parte de las conclusiones del encuentro, los organizadores dieron lectura a una Declaratoria en el marco del Seminario Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería”, en la que expresaron una postura crítica respecto al modelo de desarrollo minero vigente en México.
En el documento se sostiene que, aunque la minería suele presentarse como una actividad estratégica para la economía nacional, los beneficios económicos se concentran principalmente en las empresas e inversionistas, mientras que las comunidades enfrentan impactos sociales, ambientales y laborales.
La declaratoria señala que la actividad minera representa una proporción reducida del Producto Interno Bruto nacional y cuestiona que los beneficios generados se traduzcan en mejoras significativas para los territorios donde operan los proyectos extractivos. Asimismo, plantea que la entrega de concesiones mineras históricamente se realizó sin informar adecuadamente a las comunidades involucradas.
Los participantes también manifestaron preocupación por temas relacionados con el consumo de agua, la contaminación ambiental, los accidentes laborales y los desplazamientos de población asociados a diversos proyectos mineros en el país.
Durante la lectura del documento se mencionaron casos como el derrame ocurrido en el río Sonora en 2014, el conflicto de Salaverna, en Zacatecas, así como diversos procesos de reubicación y disputas territoriales vinculadas a proyectos extractivos.
La declaratoria también cuestiona la capacidad de la minería para reducir la pobreza en los municipios donde se desarrolla la actividad y plantea que persisten problemas relacionados con la distribución de la riqueza, la generación de empleo y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
Entre las demandas expresadas por los participantes se encuentran la publicación de los reglamentos pendientes de la Ley Minera aprobada en 2023, el fortalecimiento de la supervisión ambiental y laboral, mayores medidas de seguridad en las operaciones mineras, así como acciones para garantizar los derechos de las comunidades y los trabajadores.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para reforzar la vigilancia en las regiones mineras, combatir la presencia de grupos delictivos y promover actividades productivas alternativas relacionadas con la agricultura, la ganadería y el manejo sustentable de los recursos naturales.
La declaratoria fue respaldada por organizaciones convocantes del seminario, entre ellas la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la colectiva ¡Cambiémosla Ya!, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y diversas organizaciones sociales participantes en el encuentro.
