Por Redacción Orgullo Minero
Cada año, durante el periodo de reparto de utilidades, resurge una pregunta entre trabajadores y organizaciones sindicales: ¿quién decidió limitar el pago del PTU a un máximo de tres meses de salario?
Aunque con frecuencia la medida se atribuye exclusivamente al senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, la realidad es que el tope de 90 días fue resultado de una reforma integral negociada entre el Gobierno Federal, el sector empresarial y representantes del sector obrero como parte de los cambios en materia de subcontratación (outsourcing) aprobados en 2021.
La reforma que modificó el reparto de utilidades
Con la aprobación de la reforma al outsourcing, también se modificó el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que el monto máximo que puede recibir un trabajador por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) será el equivalente a tres meses de salario o el promedio de lo recibido en los últimos tres años, aplicándose la cantidad que resulte más favorable para el trabajador.
El objetivo fue equilibrar los efectos que tendría la eliminación de la subcontratación abusiva. Al incorporarse millones de trabajadores a las nóminas de las empresas donde realmente prestaban sus servicios, se buscó evitar incrementos extraordinarios en el pago de utilidades para algunas compañías, especialmente en sectores con altas ganancias como la minería, la industria siderúrgica y la manufactura.
¿Napoleón Gómez Urrutia propuso el tope?
Napoleón Gómez Urrutia, entonces senador de Morena y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, fue uno de los principales impulsores de la reforma al outsourcing y respaldó públicamente el nuevo esquema de reparto de utilidades durante su discusión legislativa.
Sin embargo, no puede afirmarse que el límite de 90 días haya sido una decisión exclusiva de su autoría. La medida formó parte del acuerdo alcanzado entre los distintos sectores involucrados y posteriormente fue aprobada por el Congreso de la Unión como parte de un paquete integral de reformas.
Senadores con trayectoria sindical participaron en el proceso
Durante la discusión de esta reforma, el Senado contó con la participación de diversos legisladores con amplia trayectoria sindical.
Entre ellos se encontraba Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, así como Carlos Aceves del Olmo, senador del PRI y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien formaba parte de la LXIV Legislatura cuando se debatió y aprobó la iniciativa.
La presencia de ambos refleja que el movimiento sindical tuvo representación directa en el proceso legislativo que dio origen al nuevo modelo del PTU, aunque la reforma fue producto de una negociación más amplia entre gobierno, empresarios y organizaciones de trabajadores.
Un cambio que sigue generando división
La modificación al reparto de utilidades continúa siendo motivo de debate.
Para algunos sectores, el nuevo esquema permitió que trabajadores anteriormente subcontratados accedieran por primera vez a este derecho y brindó mayor certidumbre a las empresas tras la eliminación del outsourcing.
Para otros, particularmente en industrias de alta rentabilidad como la minería, el límite de tres meses de salario redujo significativamente montos que históricamente eran mucho mayores, por lo que consideran que el tope restringe el alcance del derecho constitucional a participar en las utilidades de las empresas.
Un debate que permanece abierto
A cuatro años de la reforma, el PTU sigue siendo uno de los temas laborales más sensibles del país. Mientras algunos sindicatos impulsan revisar o eliminar el límite establecido en 2021, otros consideran que el modelo actual representa un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad financiera de las empresas.
Lo cierto es que el llamado “tope de 90 días” no fue una decisión individual, sino una medida surgida de un proceso de negociación y consenso en el que participaron autoridades, empresarios y representantes sindicales, y que hoy continúa siendo objeto de análisis y discusión dentro del mundo laboral mexicano.
