La situación laboral en la mina La Colorada, operada por la empresa canadiense Pan American Silver en Chalchihuites, Zacatecas, continúa evolucionando luego de que trabajadores lograran un acuerdo económico relacionado con el reparto de utilidades (PTU), mientras persiste el conflicto por la representación sindical y la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
De acuerdo con testimonios recabados por Orgullo Minero entre trabajadores simpatizantes tanto de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) como del Sindicato Nacional Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, el conflicto laboral ya superó la discusión económica y se concentra ahora en la legitimidad de la representación sindical dentro de la unidad minera.
Cabe mencionar que el conflicto relacionado con el PTU fue dado por concluido luego de que los trabajadores obtuvieran 65 millones de pesos adicionales a los aproximadamente 70 millones previamente acordados por la empresa. Sin embargo, el conflicto sindical continuará en tribunales mientras se define la validez del proceso de representación laboral, ya sea mediante la apertura y revisión de las urnas de votación realizadas el pasado mes de febrero o mediante la eventual reposición del recuento sindical.
Denuncias por presunta criminalización del movimiento
El abogado Rodrigo Samarrón, representante legal vinculado a trabajadores simpatizantes de la FNSI, señaló que actualmente existe inconformidad entre parte de los trabajadores debido a la denuncia penal presentada por la empresa por presunta extorsión.
Según explicó, los trabajadores consideran que el movimiento laboral se encuentra protegido por el artículo 123 constitucional y que las medidas judiciales emitidas por autoridades ministeriales estarían siendo utilizadas como mecanismo de presión para debilitar el paro laboral y la organización de los trabajadores inconformes.
Samarrón cuestionó particularmente las medidas de protección emitidas dentro de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, argumentando que fueron aplicadas bajo esquemas relacionados con protección de derechos humanos pese a tratarse de un conflicto laboral.
“El movimiento no se va a disolver por presión judicial. Los trabajadores están defendiendo derechos laborales y cuestionando una representación sindical que aseguran no eligieron”, señaló.
El abogado afirmó además que los trabajadores exigen que cualquier retiro de denuncias o acuerdos relacionados con la carpeta penal quede formalizado mediante documentos oficiales emitidos por la autoridad ministerial, antes de aceptar negociaciones adicionales con grupos sindicales o representantes externos.
Trabajadores inconformes rechazan representación sindical
Por su parte, trabajadores simpatizantes del movimiento independiente insistieron en que el conflicto principal ya no gira alrededor del dinero correspondiente al PTU, sino sobre la representación sindical.
Los trabajadores señalaron que el movimiento logró visibilizar el tema de las utilidades y presionar para que se liberaran recursos adicionales; sin embargo, afirman que no aceptarán que otros grupos sindicales “se adjudiquen” el resultado de las negociaciones.
Entre los principales reclamos expresados por trabajadores inconformes destacan:
- Que la representación sindical sea definida mediante voto libre y secreto.
- Que se esclarezca la titularidad real del Contrato Colectivo de Trabajo.
- Que se retiren las denuncias penales presentadas contra trabajadores vinculados al movimiento.
- Que no existan presiones para aceptar representaciones sindicales no reconocidas por parte de las bases.
- Que se reinstale a trabajadores despedidos presuntamente por participar en movimientos de organización laboral.
También señalaron que la discusión sobre afiliaciones sindicales deberá resolverse posteriormente mediante mecanismos legales y procesos de votación formal.
Sindicato Minero sostiene que el conflicto económico ya fue resuelto
En contraparte, trabajadores simpatizantes del Sindicato Nacional Minero señalaron que el objetivo inicial del movimiento era obtener un incremento en el reparto de utilidades y que dicho objetivo ya fue alcanzado tras las negociaciones realizadas con la empresa y dirigentes sindicales.
De acuerdo con esta versión, el monto final acordado asciende a aproximadamente 65 millones de pesos adicionales para trabajadores operativos, además de los recursos previamente contemplados.
Los entrevistados señalaron que la discusión sindical deberá resolverse mediante procedimientos legales y laborales ya existentes, insistiendo en que el conflicto económico ya quedó solucionado.
Asimismo, reconocieron que actualmente existen diferencias internas entre grupos de trabajadores respecto a la representación sindical, aunque señalaron que el tema deberá definirse mediante resoluciones jurídicas y eventuales procesos de votación.
Niegan presencia de delincuencia organizada
Un elemento relevante dentro de ambas entrevistas es que tanto trabajadores simpatizantes de la FNSI como trabajadores vinculados al Sindicato Minero negaron la presencia de grupos de delincuencia organizada dentro del conflicto laboral en La Colorada.
Ambas partes coincidieron en señalar que se trata de un movimiento estrictamente sindical y laboral, sin presiones externas relacionadas con organizaciones criminales.
Estas declaraciones surgen luego de que en semanas recientes diversos discursos públicos y versiones externas mencionaran presuntas intervenciones de grupos delictivos en conflictos sindicales dentro del sector minero en Zacatecas.
El conflicto continuará en tribunales
Mientras tanto, el conflicto por la representación sindical y la titularidad contractual continuará desarrollándose en instancias laborales y judiciales.
La resolución final podría depender de la validación de los procesos de votación realizados previamente, la eventual apertura de urnas, la reposición del recuento sindical o nuevas resoluciones emitidas por autoridades laborales federales.
El caso de La Colorada comienza a perfilarse como uno de los conflictos sindicales más relevantes del sector minero mexicano en los últimos años, debido a las implicaciones legales, laborales y políticas que podría generar sobre futuros procesos de representación sindical en la industria minera nacional.
