Anuncia Sheinbaum envío de reforma a Ley de Aguas para “Poner Orden” y eliminar mercantilización

  • La iniciativa, que llega al Congreso este lunes, busca que el Estado regule concesiones y prohíba su transmisión entre particulares. Presentan también portal de denuncias ciudadanas (PODAN) y reportan aumento del 15% en recaudación por ordenamiento de concesiones.

Ciudad de México.- En un movimiento que impactará directamente a los sectores industriales, incluido el minero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes 29 de septiembre se enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y una iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas, con el objetivo central de “poner orden” y eliminar la visión del agua como mercancía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la modificación más significativa es que el Estado sea el único regulador de las concesiones, eliminando la posibilidad de que estas se transmitan entre particulares.

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante de las modificaciones a la Ley”, explicó Sheinbaum Pardo.

Enfoque en el Ordenamiento y la Fiscalización

El anuncio presidencial se enmarca en el “Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua”, que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha implementado de manera prioritaria. El director general de la dependencia, Efraín Morales López, detalló que este programa incluye acciones contundentes como la revisión de títulos de concesión, un programa de inspección reforzado y la creación de un nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB).

Cifras presentadas por el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, revelan el alcance de esta estrategia: de los 536,000 títulos de concesión registrados, se han revisado 482,000, encontrándose 58,938 inconsistencias. El programa de inspección ha realizado 3,912 visitas, resultando en 490 clausuras y suspensiones, una señal clara del rigor fiscalizador del gobierno federal.

Herramientas Ciudadanas y Impacto Recaudatorio

Como parte de esta política de transparencia y control, se presentó oficialmente el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), disponible en https://app.conagua.gob.mx/podan/. Esta plataforma permitirá a la ciudadanía reportar irregularidades en el uso del agua, lo que representa un nuevo elemento de supervisión social sobre las actividades de todos los usuarios concesionados.

Un dato destacado para la hacienda pública es el incremento del 15% en la recaudación por concepto de derechos de agua, equivalente a 2,938 millones de pesos adicionales en comparación con agosto de 2024. Rodríguez Alonso hizo un llamado a los usuarios con adeudos, incluyendo a empresas de diversos sectores, a regularizar su situación.

Implicaciones para la Industria Minera

Para el sector minero, uno de los mayores usuarios de agua en procesos industriales, esta reforma implica un cambio de paradigma significativo:

  • Fin de la Transmisión entre Particulares: Las concesiones de agua ya no podrán ser vendidas o transferidas libremente entre empresas. El agua no utilizada o sobrante de una concesión deberá revertir al Estado, que será el único facultado para reasignarla.
  • Mayor Escrutinio y Fiscalización: El reforzamiento de las inspecciones y el nuevo portal de denuncias ciudadanas aumentan la presión para que las operaciones mineras cumplan estrictamente con los volúmenes y usos concesionados, bajo el riesgo de sanciones, clausuras o la cancelación de sus títulos.
  • Certera Certeza Jurídica vs. Control Estatal: El gobierno federal argumenta que estas medidas buscan dar certeza jurídica y sustentabilidad al recurso. Sin embargo, la industria deberá adaptarse a un marco donde la discrecionalidad del Estado en la gestión y redistribución del agua será mucho mayor.

La propuesta legislativa será analizada en el Poder Legislativo en las próximas semanas, en un proceso que será seguido de cerca por las cámaras industriales y el sector minero nacional.

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