Comunidades denuncian opacidad y falta de reparación integral por derrame minero de 2014
Hermosillo, Sonora, 19 de mayo de 2026.– Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) denunciaron que el Gobierno Federal y Grupo México buscan dar “carpetazo” judicial al caso del Fideicomiso Río Sonora, sin cumplir plenamente la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la reparación integral del daño provocado por el derrame minero de 2014.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por los CCRS, las comunidades afectadas aseguran que, a casi 12 años del considerado peor desastre ambiental minero en la historia de México, persisten problemas de contaminación en el Río Sonora, falta de acceso seguro al agua potable y ausencia de reparación integral para los habitantes afectados.
Acusan acuerdos opacos entre gobierno y empresa
Los Comités señalaron que actualmente existe la intención de cerrar judicialmente el caso mediante acuerdos realizados “a puerta cerrada”, sin participación efectiva de las comunidades y sin transparencia sobre los mecanismos de cumplimiento.
Según el documento, cuando las comunidades solicitaron vía transparencia información relacionada con el nuevo convenio entre Grupo México y autoridades federales, el propio gobierno respondió que dicho acuerdo “no existe”, pese a que —aseguran— la empresa ya habría transferido 500 millones de pesos como parte de esos compromisos.
Juez deberá decidir si se declara cumplida la sentencia
El caso se encuentra actualmente en etapa de ejecución ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, quien deberá resolver en los próximos días si la sentencia emitida por la Suprema Corte puede considerarse cumplida.
Los CCRS recordaron que en enero de 2020 la SCJN emitió una resolución histórica donde reconoció el derecho de las comunidades afectadas a participar de manera efectiva en todos los mecanismos de reparación relacionados con salud, medio ambiente y acceso al agua.
“La SCJN ordenó participación comunitaria, no negociaciones en secreto”, señalaron los Comités, quienes consideran que no puede declararse reparado un río que continúa contaminado ni cerrarse el caso sin escuchar a las comunidades afectadas.
Señalan falta de transparencia y garantías
Entre los principales puntos expuestos por los CCRS destacan:
- La ausencia de participación comunitaria en el diseño de las acciones de reparación.
- Falta de transparencia sobre el contenido y alcances del nuevo convenio.
- Ausencia de mecanismos obligatorios y garantías presupuestarias suficientes.
- Persistencia de contaminación ambiental documentada previamente por SEMARNAT.
- Falta de claridad sobre el destino de recursos del Fideicomiso Río Sonora.
Asimismo, señalaron que el Tribunal debe mantener abierta la ejecución del caso para garantizar recursos líquidos y exigibles destinados a salud pública y remediación ambiental.
“La decisión definirá si existe justicia ambiental en México”
Los Comités de Cuenca Río Sonora advirtieron que la resolución del juez podría convertirse en un precedente nacional sobre justicia ambiental y rendición de cuentas empresarial.
“La decisión del juez Rivera González definirá si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa”, señalaron.
Finalmente, los CCRS afirmaron que cerrar el caso bajo las actuales condiciones enviaría un mensaje de impunidad frente a daños ambientales y violaciones a derechos humanos, además de debilitar la obligación del Estado de garantizar reparación efectiva para las comunidades afectadas.
“Río Sonora merece una reparación real, no un carpetazo judicial”, concluye el posicionamiento difundido por las organizaciones comunitarias.
