Ciudad de México, 21 de abril de 2026. — Más de 250 comunidades y organizaciones de 15 estados del país anunciaron la creación de la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos, un frente nacional que busca impulsar cambios en las leyes para obligar a las empresas a prevenir, mitigar y reparar daños ambientales y sociales.
Durante la presentación, representantes comunitarios advirtieron que en México persisten vacíos legales y fallas en la supervisión que han permitido afectaciones prolongadas en territorios donde operan proyectos extractivos y de gran escala.
Uno de los casos señalados fue el derrame ocurrido en 2014 en el Río Sonora, atribuido a Grupo México, que fue retomado como ejemplo de la falta de atención oportuna tanto por parte de la empresa como de las autoridades.
“Somos testigos de lo que significa vivir en un territorio contaminado”, expresó Martha Aguirre, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, quien denunció que, a más de una década del incidente, comunidades afectadas continúan enfrentando problemas relacionados con el acceso al agua, la salud y el medio ambiente.
De acuerdo con su testimonio, el caso refleja no solo un daño ambiental, sino también la insuficiencia de los mecanismos institucionales para garantizar justicia y reparación integral.
Agenda de incidencia
El nuevo movimiento informó que su estrategia contempla abrir diálogo con distintos niveles de gobierno.
Entre las acciones anunciadas se encuentran reuniones con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, así como acercamientos con el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
También buscarán interlocución con dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, además de explorar vías legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo, señalaron, es impulsar reformas que establezcan reglas claras para la actividad empresarial, incluyendo obligaciones de debida diligencia, consulta a comunidades y reparación de daños.
Entre la denuncia y el diálogo
Aunque el posicionamiento parte de denuncias, los representantes subrayaron que también buscan abrir canales de diálogo con el sector empresarial.
“La regulación no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad para construir un desarrollo más justo”, señalaron durante el evento.
México, agregaron, tiene un alto potencial económico por su riqueza natural, pero advirtieron que ese desarrollo no puede darse a costa de los derechos de las comunidades ni del deterioro ambiental.
Un precedente vigente
El caso del Río Sonora, considerado uno de los desastres ambientales más graves en la historia reciente del país, continúa siendo un referente en la discusión pública sobre la responsabilidad empresarial.
Para las organizaciones, su permanencia en la agenda evidencia la necesidad de fortalecer la regulación y la actuación de las autoridades, a fin de evitar que situaciones similares se repitan.
Con la creación de este frente nacional, las comunidades buscan trasladar sus demandas del ámbito local a una agenda de alcance nacional, en un contexto político que, aseguran, abre la puerta a discutir cambios de fondo.
