- Acusan contubernio entre autoridades y la empresa, denuncian abandono gubernamental y advierten sobre el acaparamiento de agua para la minería.
Hermosillo, Sonora, 5 de agosto de 2025. — A once años del derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) exigieron este miércoles, en conferencia de prensa, la remediación urgente de las cuencas contaminadas, la construcción de hospitales especializados para atender a la población afectada por metales pesados y el fin de la complicidad entre el gobierno y la empresa.
“El gobierno solo promete justicia, pero no hay nada claro”, denunció Martín Valenzuela, representante de los CCRS en Ures, durante el evento realizado frente al antimonumento al Río Sonora en la Plaza Emiliana de Zubeldía. En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, los afectados advirtieron que sus funcionarios “no le dicen la verdad” y actúan en favor de los intereses mineros.
Salud y ambiente en abandono
Los CCRS destacaron que, pese al dictamen oficial de contaminación emitido por la Semarnat, persisten la falta de agua potable y la ausencia de servicios médicos para tratar enfermedades derivadas de la intoxicación. “No hay acciones contundentes. El gobierno se escuda en que Grupo México no ha pagado, pero esto es cobardía y violación a derechos humanos”, afirmaron.
Recordaron que en 2014, autoridades y la empresa simularon la reparación de daños, ignorando a las comunidades. Hoy, los efectos sociales y ambientales se agravan, mientras proyectos como la construcción de presas —supuestamente para abastecer a Hermosillo— benefician, según los CCRS, a mineras como Grupo México, que ya controla 60% del agua concesionada del Río Sonora.
El agua: ¿para la gente o para la minería?
Los comités rechazaron que las presas respondan a necesidades ciudadanas: “Las minas están detrás de esto. Podrían usar agua de desaladoras, pero no les sirve”, señalaron, acusando a la empresa de priorizar su operación sobre la agricultura y ganadería locales.
La exigencia de los CCRS llega en un contexto de creciente conflictividad socioambiental en Sonora, donde la minería consume recursos vitales mientras las víctimas del derrame de 2014 siguen sin justicia. Mientras el gobierno federal habla de “transición ecológica”, las comunidades demandan hechos, no discursos.
