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SEMARNAT podría negar el otorgamiento de más de 30 permisos a Grupo México, si no hay remediación del Río Sonora

A casi una década del derrame de metales pesados ocasionado por Grupo México en el Río Sonora (2014), comunidades afectadas exigen acciones concretas para resolver la contaminación y sus impactos en la salud, el agua y el medio ambiente. Autoridades y pobladores insisten en que la empresa debe asumir los costos de la remediación integral.

En este marco, hoy en entrevista con El Astillero, Alicia Bárcenas, titular de SEMARNAT, aseguró que de no haber remediación para las comunidades del Río Sonora, negará el otorgamiento de casi 30 permisos solicitados por parte de Grupo México, y que se encuentran detenidos en la dependencia.

Alicia Bárcenas reiteró que representantes de las comunidades y funcionarios han destacado tres exigencias urgentes:

  1. Atención médica especializada para las más de 24 mil personas expuestas a metales como plomo, arsénico y cadmio requieren evaluaciones toxicológicas completas y tratamientos; por lo que las víctimas solicitan elevar el nivel del hospital local (actualmente de primer nivel) e incorporar unidades de toxicología.
  2. Agua potable: De las 30 plantas potabilizadoras necesarias, solo hay 6 en mal estado (4 móviles y 2 fijas), por lo que se seguirá exigiendo la reparación de las existentes e instalación de nuevas para garantizar acceso a agua limpia.
  3. Remediación del río: Extraer sedimentos contaminados y confinarlos en depósitos seguros para evitar mayor dispersión de tóxicos.

Presión institucional y reclamo a Grupo México

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), admitió que se retienen permisos a la empresa hasta que cumpla con las demandas:

  • “Tenemos alrededor de 30 permisos sin resolver… No se otorgarán hasta que avance el programa de remediación”, afirmó.
  • Subrayó que Grupo México debe cubrir la mayoría de los costos, pues de lo contrario “no podría seguir operando”.

Contexto

El 7 de agosto de 2014, 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado se vertieron en los ríos Sonora y Bacanuchi por un fallo en una mina de Cananea. A pesar de la creación del Fideicomiso Río Sonora, habitantes denuncian que los apoyos han sido insuficientes y la contaminación persiste.

El derrame afectó a 7 municipios, y sus secuelas en la salud (como enfermedades renales y cáncer) podrían extenderse por años. La solución integral sigue pendiente, y el caso sienta un precedente sobre la rendición de cuentas de las industrias extractivas.

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