En conferencia de prensa, representantes de la mesa comunal de Carrizalillo reunieron en el Congreso de Chilpancingo dieron a conocer que la empresa Minera Los Filos, filial de Equinox Gold, ha amenazado de manera recurrente a las comunidades anfitrionas para intentar imponer una nueva relación ejidal con Carrizalillo, Mezcala y Xochipala, ubicadas en el municipio de Eduardo Neri.
Aseguraron que la empresa ha amenazado con retirar los apoyos sociales alcanzados desde 2007; asimismo, ha efectuado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, toda vez que su lógica es amedrentar a los habitantes argumentando que atraviesa por una crisis financiera y productiva; a pesar de que la empresa, por más de seis años, ha aprovechado los recursos de la tierra, y se ha enriquecido con ellos.
Contexto del conflicto
Las comunidades afirmaron que han intentado establecer un convenio con la empresa, misma que asegura enfrentar una crisis por ineficiencia en la toma de decisiones, y pretende que los ejidatarios cedan su tierra con una promesa de desarrollo.
Desatacaron que Carrizalillo aceptó las alianzas políticas solicitadas por la empresa, tal como la elaboración de un convenio tripartita entre las comunidades, la creación de mesas de diálogo, la disminución de su pretensión económica, esto aunado a la postura de la empresa imponer amenazas, cerrar fuentes de empleo y concluir sus operaciones sino aceptaban sus condiciones.
Derivado de lo anterior, los ejidatarios destacaron los siguientes puntos:
- Hugo Vergara, de origen chileno, fue acusado de malos tratos y racismo, por lo que ya no lo considerarán como interlocutor de la empresa
- Los ejidatarios no son responsables de la incompetencia técnica y de gestión de la mina, por lo que no reducirán sus expectativas. La falta de pericia en la toma de decisiones ha derivado en el rompimiento de la alianza entre las comunidades, por lo que el diálogo se realizará de manera independiente con la comunidad de Carrizalillo
- Agradecen el apoyo a la presidenta municipal de Eduardo Neri, y al Congreso Local, además de solicitar que estén atentos ante cualquier tipo de acto de represión por parte de la empresa
- Denunciaron que la empresa amenaza contantemente a los trabajadores con el cierre de la fuente de empleo y difunde información falsa entre las comunidades
- En caso de que la Minera decida cerrar operaciones, piden que este se lleve a cabo conforme a las políticas ambientales y a las normas internacionales que señalan que la su tierra tiene que ser rehabilitada hasta que recupere su capacidad productiva luego de la explotación minera
- Solicitan que la SEMARNAT intervenga en el conflicto para evitar que la compañía incumpla sus obligaciones ambientales.
- Denunciaron que la empresa ha retenido los pagos a los contratistas y que la empresa exige que retiren sus vehículos del interior de la mina o en caso contrario pagarán 400 pesos por día si insisten en mantenerlos estacionados en sus instalaciones.
Falta de apoyo sindical
En este marco, trabajadores de Mezcala dieron a conocer que la empresa ha iniciado la liquidación de los trabajadores sindicalizados afiliados a las secciones 269 y 270 del Sindicato Minero liderado por el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, sin que hasta el momento el dirigente les haya otorgado su apoyo.
Los sindicalizados aseguraron, en exclusiva para Orgullo Minero, que hace unos días, tanto la diputada Citlalli Téllez, de la Comisión de Minería del Congreso Local de Guerrero, como la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo; y representantes de los tres núcleos agrarios de Mezcala, Xochipala y Carrizalillo, se trasladaron a las instalaciones del Sindicato Minero en la Ciudad de México, esperando ser atendidos por el líder minero, quien se negó argumentando problemas de salud con su esposa.
“El diputado nos dejó a nuestra suerte”, aseguraron los agremiados, quienes decepcionados han advertido que buscarán la representación de otro Sindicato Minero que les otorgue su respaldo.
Asimismo, denunciaron que en la zona, son víctimas de la delincuencia organizada, quienes les exigen el pago de derecho de piso.