Activistas a favor de la preservación del medio ambiente afirmaron que México requiere prohibir la minería a cielo abierto para poner fin a la devastación a los diferentes ecosistemas del país, así como para proteger la salud de los habitantes de las zonas mineras y respetar sus derechos humanos, como el acceso al agua.
En conferencia de prensa convocada por el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería, habitantes de diferentes estados de la República dieron a conocer las afectaciones que sus comunidades han sufrido debido a la minería a cielo abierto.
Martha Patricia Velarde, de los Comités de la Cuenca del Río Sonora, denunció las afectaciones a la salud que la población ha sufrido después del derrame de líquidos tóxicos ocurrido en 2014 por parte de Grupo México, tales como dermatitis, cáncer, problemas derivados de la presencia de metales pesados en la sangre y por si fuera poco, dijo, el desabasto de agua por el que atraviesan diariamente las familias que habitan a lo largo de los ríos Sonora y Bacanuchi.
En este sentido, Martha Patricia Velarde hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se prohíba la minería a cielo abierto; así como a las autoridades ambientales para que se haga justicia a las comunidades y se actúe en contra de Grupo México por el derrame de contaminantes ocurrido hace más de 10 años. “Grupo México tiene 10 años actuando con total impunidad”, aseguró.
En su participación, Felipe Pinedo, habitante del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, afirmó que con la apertura de la mina Peñasquito en 2006, la comunidad ha sufrido una experiencia catastrófica que va desde el despojo tierras, la destrucción de la flora y fauna, la falta de agua, y la colusión de la empresa minera con el crimen organizado para amenazar y amedrentar a la comunidad, criminalizando su lucha y acusando a la población de terrorismo.
Newmont cuenta con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, por lo que actúa con total impunidad en el territorio nacional, destruyendo los mantos acuíferos y generando enfermedades en la población debido a los químicos con los que lleva a cabo la destrucción de la tierra para ampliar la mina, aseveró.
Añadió que la minería a cielo abierto debe ser prohibida por el gobierno federal, y que su existencia no justifica los empleos que proporciona ante la destrucción del ecosistema y los daños provocados a las comunidades.
Rogelio Varela Ibarra, habitante del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en donde se ubica Minera San Javier, recordó que cuando la empresa se encontraba en operaciones, la minera acabó con el ecosistema y provocó un sinnúmero de enfermedades a la comunidad, así como contaminación y desperdicio del agua.
Isidro Téllez Ramírez, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, hizo una fuerte crítica a las cifras que la Cámara Minera de México (CAMIMEX) ha dado a conocer. Aseguró que la minería genera dos de cada 100 empleos a nivel nacional; que tres de cada 10 son empleos directos con pago de prestaciones, mientras que el resto son subcontratados.
En el sector minero la mayoría de las mujeres son subcontratadas, y que aunque la brecha salarial no es tan grande, sí existe y genera una gran diferencia económica entre hombre y mujeres al momento de su jubilación, finalizó.
