El pasado miércoles 28 de febrero, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), movimiento de personas afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014, nos reunimos con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a los diálogos de remediación, reparación y no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi; ello como parte del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora (PJC-RS), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
A través de un comunicado, los CCRS aseguraron que “una vez más, en la necesidad de alzar nuestras voces para denunciar que, a más de 2 años del anuncio del PJC-RS, persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades; quienes siguen sin cumplir con sus obligaciones; comparten información errónea; no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones”.
Debido a la inacción de las autoridades, hasta el momento el PJC-RS sigue sin implementarse, careciendo de decreto, objetivos y planeación, y sin hacer justicia, señalaron.
Asimismo, denunciaron que esta falta de acción es aún más alarmante “a la luz de los resultados presentados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que muestran que persisten los niveles preocupantes de metales pesados en el agua de la cuenca del Río Sonora, con 13 de los 27 sitios muestreados en noviembre y diciembre del 2023 superando los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio”.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), encargada de la instalación y operación de estas plantas en la región, expresó durante la reunión que el proceso para que la potabilizadora en Bacanuchi comience a funcionar se encuentra en marcha (con el compromiso estar lista en abril de 2024), y éste se encuentra en manos de una empresa privada, la cual no ha informado avances.
En el comunicado también denunciaron que se continúan tomando decisiones sin informar ni contar con la participación de las comunidades, antes y durante el proceso. El trabajo entre instituciones, y la observación ciudadana, son indispensables en una sociedad democrática.
Ante su exigencia de que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sea incluido en este proceso y proyectos de las plantas potabilizadoras restantes, la CEA se comprometió a solicitar el recurso para que esto ocurra, y la STPS a tener una reunión con IMTA y CEA para verificar la gestión de recursos.
Además, afirmaron, siguen sin recibir la atención médica especializada en toxicología que la población requiere desde hace 10 años, y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora (SSaludSonora) sigue sin implementar el tan urgente plan de salud en el Río Sonora, esto, a pesar de que el Juez 13 de Distrito en el Estado de Sonora ordenó a SSalud Sonora otorgar atención médica a las personas que necesitan atención urgente por daños en su salud por metales pesados, esta sigue sin ser cumplida. Las personas que fueron citadas en el hospital de especialidades denuncian que los médicos internistas carecen de capacitación en toxicología y se les han negado los estudios necesarios de metales pesados en sangre y orina. Además, se ha reconocido la falta de laboratorios para estos análisis en el estado de Sonora.
No obstante, de la inmediatez con la que SSalud Sonora actuó ante la sentencia dictada por el Juez (quien ordenó que se implementaran medidas cautelares para la mitigación de riesgos a la salud de la población del Río Sonora), ésta sigue sin ser cumplida, pues estas medidas deben ser aplicadas al grueso de la población que lo requiera.
Por ello, ante los preocupantes resultados presentados por la CONAGUA, es urgente que la SSaludSonora implemente las medidas necesarias para abordar la crisis de salud en la cuenca.
En la reciente reunión, SSalud Sonora se comprometió a compartir el plan de salud y a trabajar con transparencia de la mano con las comunidades y redirigir acciones en beneficio de las comunidades. Se espera una reunión para discutir esta información a finales de marzo de 2024.
Además de las graves situaciones relacionadas con la salud y el agua, queremos exponer lo siguiente:
- La STPS sigue sin cumplir su compromiso de convocar y dar seguimiento a las mesas de diálogo. Los CCRS continuamos cargando la responsabilidad y logística de estas reuniones.
- La STPS sigue sin informar sobre los avances del PJC-RS, lo cual es inaceptable ya que es la entidad responsable de coordinar este Plan y monitorear todos los procesos para validar que los derechos de las comunidades sean respetados.
- La Secretaría de Gobernación (SEGOB) no ha respondido en meses a nuestra solicitud de reunión, a pesar del compromiso de la Lic. Claudia Molina, de gestionar una cita con la Lic. Luisa María Alcalde y de avisarnos antes del 7 de marzo. Esto no ha sucedido.
- Destacamos que la secretaria Alcalde, desde que lidereaba la STPS, no se ha presentado en el Río Sonora, también ha compartido información incorrecta, y en lugar de reunirse con las comunidades se ha reunido con Grupo México para negociar. No está de más recordar que el primer deber de las y los funcionarios es hacer valer los derechos de la población, sobre todo cuando hay afectaciones.
Finalmente, los CCRS esperan que la STPS cumpla su compromiso de convocar y dar seguimiento a la próxima mesa de diálogo del PJC-RS entre autoridades y comunidades, así como de compartir con los CCRS y la ciudadanía los documentos que reflejen los avances del PJC-RS. Asimismo, subrayaron que “no basta con presentar análisis y dictámenes, es preciso que esto se traduzca en acciones concretas que garanticen el acceso a un ambiente sano”.
