En el marco del informe que presentó en días pasados la SEMARNAT respecto a la contaminación del Río Sonora por el derrame de desechos líquidos de la mina Buenavista del Cobre, en el estado de Sonora, el Colegio de Sonora, llevó a cabo el panel “El diagnóstico ambiental del río Sonora de la SEMARNAT. Alcances y perspectivas”
En su participación, Agustín Robles Morúa, del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) destacó que, de acuerdo a su experiencia, el dictamen de SEMARNAT presenta imágenes relevantes que demuestran la existencia de una falla hidráulica en la represa de desechos tóxicos y asegura que los hechos climatológicos no tuvieron efectos relevantes, tal y como lo aseguraba Grupo México. El documento comprueba que sí existe concentración de metales solubles en diferentes estratos de profundidad del agua, incluyendo la subterránea, mismas que son dañinas para la salud de los habitantes ya que rebasa los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para consumo humano.
Afirmó que los investigadores de las diversas unidades académicas del estado de Sonora, continuarán realizando las exploraciones para dar a conocer los daños ocasionados por el derrame, tanto en la salud como en la agricultura.
Dio a conocer que 1.6 millones de habitantes incluyendo Hermosillo; han sido afectados; sin embargo, las cifras oficiales reconocidas por las dependencias de salud son de 23 mil a 25 mil habitantes afectados.
Por su parte, Martha Patricia Velarde, integrante de los comités de Cuenca Río Sonora, mencionó que los habitantes sufren afectaciones económicas al tener que comprar agua embotellada a partir de 2014, fecha en la que se llevó a cabo el derrame en el Río Sonora. Afirmó que, de 654 muestras recolectadas, se demostró en un gran porcentaje de las personas que existe toxicidad por plomo, que va desde nivel de exposición hasta alto riesgo. Señala que el documento no tiene perspectivas claras en lo que respecta a la salud de los habitantes. Demandó que se lleven a cabo historias clínicas y se apoyó médicamente a los afectados, que hasta el momento no gozan de atención médica.
En su intervención, Fernanda Ibarra Barreras, investigadora egresada de El Colegio de Sonora, subrayó que la nueva presa de jales es una obra que conlleva mayores riesgos para los habitantes de la zona, sin embargo, la empresa se ha negado a atender las demandas de los ciudadanos y tampoco acata la ley, tal como las medidas de protección interpuestas por la SCJN, ya que Grupo México argumenta que dichas medidas dañan su propiedad privada. Lamentó que los amparos presentados inicialmente mediante los cuales se exigía la realización de análisis de salud fueron desestimados por los gobiernos anteriores.
En el marco de las acciones colectivas, la autoridad ha solicitado que se proporcionen los estudios bases para identificar el daño ambiental, afirmó.
Finalmente, Diana Meza Figueroa, de la Unison, aseguró que las presas de jales han causado mucho daño. Recordó que, en los años 80, se presentaron derrames de las presas, aunque el daño fue menor, dado que la mina no llevaba a cabo la explotación mineral igual que ahora, sino que era menor. Señaló que esta es una situación grave, porque actualmente Grupo México no tiene un plan de manejo de residuos, por lo que se desconoce que, pasará con el volumen de material que contamina vía aérea a la atmósfera, que también afecta a otras comunidades que se encuentran a varios kilómetros de distancia de la mina. Destacó que hasta ahora se desconocen varios reactivos, ya que algunos están protegidos por patentes cuyos efectos se desconocen.
