Río Sonora

Juez federal ordena anular resoluciones de SEMARNAT y PROFEPA sobre remediación del Río Sonora

Los Comités de Cuenca Río Sonora informaron que un fallo judicial declaró fundada su denuncia por repetición de violaciones a derechos humanos y ordenó dejar sin efectos las resoluciones que daban por concluidos los programas de remediación. También exigen transparentar el convenio firmado entre el Gobierno Federal y Grupo México.

Río Sonora, 28 de octubre de 2026. Un juez federal resolvió a favor de una denuncia presentada por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) por presuntas violaciones reiteradas a los derechos de las comunidades afectadas por el desastre ambiental de 2014.

De acuerdo con el comunicado de los comités, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México declaró fundada la denuncia y ordenó dejar inmediatamente sin efectos las resoluciones emitidas en febrero de 2026 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mediante las cuales se pretendía dar por concluidos los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas.

Los CCRS sostienen que la resolución judicial señala deficiencias en la valoración de las observaciones y pruebas técnicas presentadas por las comunidades, así como en los mecanismos para garantizar su participación en las decisiones sobre la reparación de los daños.

Comunidades denuncian falta de participación efectiva

Los comités consideran que el fallo respalda sus señalamientos sobre la falta de transparencia y la exclusión de los habitantes de la cuenca en las decisiones relacionadas con la remediación ambiental.

En su informe de aniversario, titulado La simulación como política pública: 12 años sin reparación en el Río Sonora, las organizaciones sostuvieron que las medidas institucionales no han garantizado una reparación integral, mientras persisten sus preocupaciones por la contaminación del agua, la exposición a metales pesados y los riesgos para la salud de la población.

Según los CCRS, el derecho a la participación informada no se satisface únicamente mediante reuniones o mesas de diálogo. Afirman que las autoridades deben analizar las propuestas y evidencias técnicas de las comunidades antes de adoptar decisiones que afecten su territorio.

Cuestionan la opacidad del convenio con Grupo México

Los comités también cuestionaron la falta de acceso al nuevo convenio celebrado entre el Gobierno Federal y Grupo México, relacionado con el plan de justicia para la región.

El 23 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron un acuerdo financiero para atender la problemática ambiental del Río Sonora. De acuerdo con el comunicado, se reportaron pagos iniciales por 500 millones de pesos y se anunció el compromiso de transparentar el acuerdo.

Sin embargo, los CCRS afirman que, al solicitar información pública sobre el documento, la Secretaría de Gobernación y la plataforma Transparencia para el Pueblo respondieron que existía una “inexistencia administrativa” del convenio.

Las organizaciones sostienen que el acuerdo involucra recursos por más de 2 mil 223 millones de pesos y consideran que mantenerlo fuera del alcance público vulnera los derechos de acceso a la información y participación comunitaria. También relacionan sus reclamos con el Amparo en Revisión 640/2019, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las tres exigencias de los Comités de Cuenca

Tras la resolución judicial, los CCRS plantearon tres demandas principales:

  1. Transparencia del convenio: publicar el texto íntegro del acuerdo con Grupo México, incluidos sus anexos técnicos y financieros.
  2. Cumplimiento del fallo: acatar la resolución del Juez Cuarto de Distrito y respetar los criterios de la SCJN, garantizando la participación directa de las comunidades en los programas de remediación y en las decisiones sobre los recursos.
  3. Fin de la opacidad institucional: eliminar las prácticas que, a juicio de los comités, impiden la rendición de cuentas y prolongan la falta de reparación.

Los CCRS sostienen que la resolución representa un nuevo freno judicial a las decisiones de las autoridades ambientales y reiteran que la recuperación de la cuenca requiere transparencia, participación comunitaria y medidas efectivas para atender los daños acumulados desde 2014.

Nota editorial: La información sobre los alcances del fallo, el convenio y las exigencias corresponde al comunicado de los Comités de Cuenca Río Sonora. Para una versión documental completa, conviene incorporar el número de expediente y consultar la resolución judicial.

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