Exposición a metales pesados, riesgos reproductivos y falta de información marcan la vida en territorios extractivos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la organización Project PODER publicó un reportaje que documenta, con base en evidencia científica y testimonios comunitarios, los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres que habitan en entornos mineros en México.
El trabajo retoma investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y registros oficiales de salud que muestran que en regiones con actividad extractiva se han detectado concentraciones elevadas de metales potencialmente tóxicos como arsénico, plomo, cadmio y manganeso en agua, suelo y polvo domiciliario.
De acuerdo con estudios citados en el reportaje, la exposición crónica a arsénico en agua potable en zonas mineras del norte del país se asocia con mayor riesgo de enfermedad renal crónica y alteraciones metabólicas en población adulta. En el ámbito reproductivo, un análisis de más de 76 mil nacimientos en localidades cercanas a grandes minas de cobre encontró que las mujeres embarazadas que vivían en áreas de mayor proximidad presentaron un incremento de 56 por ciento en el riesgo de parto prematuro extremo —antes de las 28 semanas— en comparación con zonas más alejadas.
El mismo estudio identificó que el riesgo de malformaciones congénitas del sistema circulatorio en recién nacidos aumentó hasta 366 por ciento en áreas con mayor exposición a estas sustancias tóxicas.
Salud femenina en riesgo
Evaluaciones ambientales coordinadas por autoridades sanitarias han mostrado concentraciones de plomo en suelo y polvo que superan valores de referencia internacionales en comunidades mineras. Este metal representa un riesgo particular para mujeres en edad reproductiva, ya que puede movilizarse desde el tejido óseo durante el embarazo y transferirse al feto.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha advertido que la exposición prolongada a arsénico puede provocar lesiones cutáneas, alteraciones cardiovasculares y daño renal. Investigaciones académicas mexicanas también han asociado la exposición a metales pesados con mayor prevalencia de síntomas respiratorios y afecciones dermatológicas en población residente en zonas mineras.
En conjunto, la evidencia nacional indica que las mujeres en estos contextos enfrentan riesgos diferenciados, especialmente en salud reproductiva, perinatal y renal, así como efectos sistémicos derivados de la exposición crónica.
Testimonios desde el territorio
El reportaje de Project PODER incorpora los testimonios de mujeres de distintas regiones del país cuyas vidas cotidianas han sido reorganizadas por la presencia de la minería.
En Cananea, Sonora, Micaela relata cómo su rutina cambió desde que Grupo México asumió el control de la mina en la región. Jornadas extensas, exposición constante a polvo y químicos, y el desgaste físico se suman a las tareas de cuidado en el hogar. Dolores de cabeza, tensión muscular y cansancio crónico forman parte, dice, del “costo invisible” de la minería.
En la región de Pasta de Conchos, Coahuila, Cristina describe la preocupación constante en torno a la salud reproductiva. Embarazos con complicaciones, partos prematuros y falta de infraestructura médica adecuada son parte del entorno que enfrenta. “En mi región no hay incubadoras; si una mujer necesita dar a luz, tendrá que emigrar por atención médica”, señala.
En la sierra de Ixtacamaxtitlán, Puebla, Claudia Paola recuerda los años de lucha comunitaria contra un proyecto minero. Estrés, desvelos y problemas de salud acompañaron el proceso organizativo, mientras debía sostener el cuidado de sus hijas y su trabajo en el ejido. Aunque el proyecto no se concretó, el desgaste físico y emocional dejó huella.
Concesiones, poder y acceso a la información
El reportaje también aborda la dimensión estructural del sector minero. A partir de bases de datos oficiales, investigaciones periodísticas estiman que Grupo México concentra más de 600 concesiones mineras en el país, distribuidas en estados como Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Guerrero y Coahuila.
Si bien el número de concesiones no implica necesariamente explotación activa en todos los casos, sí refleja la amplitud territorial de los derechos otorgados por el Estado sobre el subsuelo. La información, sin embargo, no siempre es accesible de forma sistematizada, lo que dificulta el escrutinio público.
Para las mujeres en los territorios, acceder a estos datos representa un desafío adicional, debido a las responsabilidades de cuidado y la falta de canales claros de transparencia. “Si no existen datos públicos sobre acceso a servicios de salud para las mujeres, ¿cómo podemos exigir esos mismos datos sobre las minas?”, cuestiona Cristina en el reportaje.
La organización subraya que la transparencia y el acceso a información son condiciones básicas para la rendición de cuentas en un sector marcado por conflictos socioambientales. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el trabajo pone el foco en cómo la minería no sólo transforma el territorio, sino también el cuerpo, el tiempo y la vida cotidiana de las mujeres que lo habitan.
El mapa de las concesiones es, concluye el reportaje, también un mapa de desigualdades. Y la exigencia de información clara y verificable es un paso indispensable para que las comunidades —y en particular las mujeres— puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, al territorio y a un medio ambiente sano.
