Comunidades denuncian falta de reparación integral y cumplimiento de sentencias
A once años del derrame de lixiviados de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por Grupo México, las comunidades afectadas aseguran que la justicia ambiental sigue sin concretarse. El desastre, ocurrido en 2014 y considerado por el Gobierno Federal como la peor tragedia ambiental minera en la historia del país, impactó a más de 22 mil personas en ocho municipios de la cuenca.
La activista Martha Aguirre, integrante de los Comités de la Cuenca del Río Sonora y habitante de Ures, Sonora, afirmó que, pese a más de una década de litigio, “la contaminación persiste y las comunidades seguimos enfermas, sin reparación y sin justicia”.
15 juicios de amparo y fallos de la Suprema Corte
De acuerdo con Aguirre, las comunidades han promovido 15 juicios de amparo; seis de ellos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el resto por tribunales federales. Las resoluciones han reconocido omisiones del Estado, deficiencias en la actuación empresarial y fallas en el diseño y ejecución del Fideicomiso Río Sonora.
Sin embargo, subrayó que estos fallos no se han traducido en una reparación integral ni en garantías efectivas de no repetición. Entre las principales denuncias destaca la omisión de las autoridades para obligar a la empresa a contar con un plan adecuado de manejo de residuos peligrosos, así como la falta de participación efectiva de las víctimas en los mecanismos de compensación.
Contaminación persistente y daños a la salud
Peritajes oficiales confirmaron que la contaminación no fue contenida. Se detectaron metales pesados por encima de norma en agua, suelo y sedimentos, así como exposición significativa de la población a plomo y arsénico. Los impactos documentados incluyen enfermedades cutáneas, gastrointestinales, renales y neurológicas, distintos tipos de cáncer, arsenicosis y afectaciones psicológicas.
Aguirre señaló que la atención médica fue tardía y sin enfoque diferenciado para mujeres, niñas, niños o personas con enfermedades crónicas. “No hubo programas preventivos específicos ni seguimiento adecuado a largo plazo”, indicó.
En 2023, la autoridad ambiental reconoció que el derrame no fue un accidente, sino resultado de negligencia, y que las acciones de remediación fueron insuficientes. También se admitió la existencia de contaminación crónica vinculada a la actividad minera continua y a la sobreexplotación de agua en la región.
Exigen participación y cumplimiento efectivo
Las comunidades también han cuestionado la falta de consulta en proyectos posteriores, como la construcción de una nueva megapresa de jales cercana a la zona afectada. Para los Comités, la participación efectiva en todas las fases —diagnóstico, diseño, ejecución y monitoreo— es indispensable para garantizar justicia ambiental.
“Sin cumplimiento real de las sentencias y sin participación de las víctimas, no puede hablarse de reparación”, sostuvo Martha Aguirre.
A once años del derrame, el caso del Río Sonora continúa siendo un referente nacional sobre los desafíos en materia de responsabilidad empresarial, cumplimiento judicial y protección del derecho humano a un medio ambiente sano.
