CDMX, 20 de febrero de 2026. – Representantes sindicales de México, Canadá y Estados Unidos sostuvieron una reunión trinacional en la que organizaciones democráticas e independientes acordaron impulsar una agenda laboral común de cara al proceso de revisión —o eventual renegociación— del T-MEC, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial de América del Norte.
Durante el encuentro, Imelda Jiménez señaló que la Secretaría de Economía debe continuar publicando las quejas presentadas ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado, al considerar que la transparencia es clave para que los trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos.
Jiménez también afirmó que dentro del movimiento sindical existe un aliado importante para la clase trabajadora en la figura del senador y dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, y exigió justicia para que la empresa Grupo México responda por la explosión ocurrida en 2006 en la mina Pasta de Conchos, tragedia en la que murieron 65 trabajadores.
La dirigente subrayó que las alianzas internacionales son fundamentales para el movimiento obrero, particularmente la relación histórica entre el sindicato minero mexicano y el sindicato estadounidense y canadiense United Steelworkers(USW), la cual —dijo— supera las dos décadas y se basa en una visión de “hermandad de clase”.
“El mecanismo laboral de respuesta rápida nos ha servido a toda la clase trabajadora para que nuestras luchas no queden solamente en la comunidad, sino que se abran al ámbito internacional”, afirmó, al reiterar que el gremio minero continuará impulsando su fortalecimiento.
Agenda común y solidaridad trinacional
Por su parte, Charlie Shebeta, representante del Distrito 6 de United Steelworkers en Canadá, explicó que sindicatos de los tres países se reunieron porque comparten el objetivo de lograr acuerdos comerciales que coloquen a los trabajadores en el centro y eleven los estándares laborales en América del Norte.
El dirigente advirtió que la inestabilidad comercial ha generado incertidumbre en los mercados, presión sobre el empleo y tensiones en comunidades que dependen de industrias nacionales, particularmente en sectores como acero, manufactura, minería y energía.
“Los trabajadores no deben absorber el costo de la inestabilidad comercial. No queremos un mal acuerdo, queremos un acuerdo justo”, afirmó, al insistir en que los derechos laborales deben ser exigibles y no quedarse solo en el papel.
En la misma línea, Jaime Aguilar, integrante del equipo nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), explicó que los sindicatos analizaron los efectos de los acuerdos comerciales y concluyeron que estos han sido mayoritariamente lesivos para la clase trabajadora, pues el crecimiento económico no se ha traducido plenamente en mejores condiciones laborales ni en respeto total a los derechos.
El dirigente destacó que la agenda común incluye temas como libertad sindical, negociación colectiva, brecha salarial, igualdad de género y erradicación de la violencia contra las trabajadoras, problemáticas compartidas en los tres países.
Un punto de inflexión en el tratado
El sindicalista Benjamin Davis advirtió que existe incertidumbre sobre si el T-MEC será extendido, modificado de fondo o incluso reemplazado, lo que representa un momento decisivo para el movimiento laboral regional.
Recordó que la reciente conmemoración del aniversario de Pasta de Conchos evidenció las condiciones precarias que aún enfrentan muchos trabajadores en México, pese a formar parte de cadenas productivas integradas con Estados Unidos y Canadá.
Davis reconoció que el mecanismo de respuesta rápida ha permitido avances y victorias para decenas de miles de trabajadores, pero advirtió que millones aún carecen de acceso efectivo a la justicia laboral, debido a desconocimiento de derechos, falta de mecanismos de denuncia y debilidad institucional.
Propuestas para fortalecer el mecanismo laboral
Entre los acuerdos alcanzados, los sindicatos coincidieron en la necesidad de ampliar y fortalecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, incluyendo:
- Extender su cobertura a sectores actualmente excluidos, como trabajadores agrícolas, de servicios, plataformas digitales y migrantes.
- Incorporar más derechos laborales, incluyendo igualdad de género y estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
- Simplificar los procesos de denuncia para trabajadores con limitaciones tecnológicas o geográficas.
- Garantizar anonimato y protección contra represalias para denunciantes, testigos y familias.
- Asegurar seguimiento gubernamental efectivo tras la presentación de quejas y planes de remediación.
Asimismo, se pidió que el gobierno federal reconozca plenamente a los sindicatos como actores legítimos en la defensa de los derechos laborales.
Compromiso regional
Los participantes coincidieron en que, aunque existen avances importantes, aún persisten retos estructurales para los trabajadores mexicanos, especialmente en materia de seguridad laboral, discriminación, violencia y libertad sindical.
Frente a ello, organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México reiteraron su compromiso de mantener la solidaridad internacional y continuar trabajando “hombro con hombro” para lograr justicia laboral en los centros de trabajo, en las cadenas de suministro y en la economía regional.
“La solidaridad entre países no es simbólica; es necesaria para que el comercio funcione para la gente trabajadora”, concluyeron.
