Ciudad de México, 19 de febrero de 2026. — A dos décadas de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, familiares de los 65 trabajadores fallecidos reiteraron su exigencia de justicia, continuidad en los trabajos de rescate y esclarecimiento de responsabilidades, al tiempo que cuestionaron la reciente iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que lidera Napoleón Gómez Urrutia, para tipificar el delito de homicidio industrial.
En entrevista realizada durante el 20 memorial efectuado en el exterior de la Bolsa Mexicana de Valores —donde desde hace años se colocó un antimonumento en memoria de los mineros—, Elvira Martínez, una de las viudas, consideró “ilógico” que el sindicato impulse esta propuesta sin reconocer responsabilidades en lo ocurrido en 2006.
“La organización era su representante y tenía el papel de vigilar la seguridad de los trabajadores. Se firmaron inspecciones donde se decía que todo estaba bien, incluso una semana antes de la explosión”, afirmó. Señaló que, más que nuevas figuras legales, es necesaria una investigación a fondo que deslinde responsabilidades de todos los actores involucrados.
En el mismo sentido, la activista Cristina Auerbach cuestionó la iniciativa sindical al señalar que en México el problema no es la falta de leyes sino la impunidad. Recordó que durante años se argumentó la inexistencia del delito para justificar la falta de procesos judiciales y criticó la ausencia de organizaciones sindicales en la defensa de trabajadores en otros casos recientes del sector minero. “No queremos sindicatos que no defiendan a los trabajadores”, expresó.
Rescate en etapa crítica y con retrasos
Martínez explicó que los trabajos de recuperación atraviesan una fase crítica, con avances detenidos en dos zonas de búsqueda debido a decisiones técnicas relacionadas con infraestructura instalada durante la construcción de lumbreras, lo que ha impactado el ritmo de las labores.
De los 65 mineros atrapados tras la explosión, en 2006 se recuperaron dos cuerpos y posteriormente las labores fueron suspendidas durante años. Con la reanudación en la actual administración se han recuperado 25 restos, de los cuales 23 ya fueron entregados a sus familias y dos están en proceso de identificación. Permanecen 38 mineros por recuperar.
Esperanza tras dos décadas de lucha
En un comunicado difundido por la organización Familia Pasta de Conchos, las familias señalaron que, tras 20 años de exigencias frente a la negligencia empresarial, sindical y de autoridades laborales, la recuperación de 25 mineros representa “un triunfo frente a la indolencia institucional y la impunidad empresarial”, al confirmar que el rescate siempre fue posible.
“El rescate debe continuar hasta que todos regresen a casa”, subrayaron, al tiempo que pidieron mantener la voluntad política para concluir las labores sin pausas y garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en los trabajos.
El pronunciamiento también advierte que el caso no solo implica un procedimiento técnico, sino un acto de justicia que debe acompañarse del esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido, necesario para cerrar una herida que —afirman— el Estado mexicano ha mantenido abierta durante años.
Condiciones laborales y alternativas económicas
Las familias alertaron además sobre la precariedad laboral histórica en la región carbonífera de Coahuila, donde estiman que al menos 138 mineros han fallecido desde 2006 en distintos accidentes, lo que evidencia la necesidad de medidas de no repetición y de alternativas económicas para las comunidades.
En ese contexto, destacaron el proyecto comunitario “Sembrando Transición”, impulsado por la organización, que promueve huertos comunitarios, sistemas fotovoltaicos y trabajo con jóvenes como alternativas al modelo extractivo basado en el carbón.
Las familias advirtieron que estas acciones cobran mayor relevancia ante la posible introducción del fracking en la región, lo que consideran una amenaza adicional para el territorio y la población.
A 20 años de la tragedia, la exigencia central permanece: recuperar a los mineros que aún permanecen bajo tierra y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
