Sin calendario ni acciones urgentes en salud: CCRS señalan vacíos tras reunión con autoridades sobre el Río Sonora

  • Autoridades reconocen avances en planeación, pero persisten indefiniciones frente a la degradación ambiental y los impactos en la salud de la población ribereña

Hermosillo, Sonora, 10 de febrero de 2026. – Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) sostuvieron el pasado 29 de enero una reunión con autoridades federales y estatales para analizar el nuevo plan de atención integral anunciado el 23 de diciembre de 2025 para la cuenca del Río Sonora. Si bien los contenidos presentados muestran avances técnicos, los CCRS advirtieron vacíos relevantes, particularmente en materia de calendarización de obras y atención inmediata en salud para las comunidades afectadas.

En el encuentro participaron representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el IMSS-Bienestar, el Gobierno de Sonora, académicos y habitantes de las comunidades ribereñas.

La reunión se centró en tres ejes considerados estratégicos para la región: remediación ambiental, acceso a agua potable y salud humana.


Plan de remediación del Río Sonora: avances técnicos, pero sin garantías de ejecución

Durante la sesión, autoridades federales presentaron un nuevo plan de remediación ambiental estructurado en cinco fases: estudios preliminares, desarrollo del proyecto ejecutivo, confinamiento controlado de residuos, transporte de suelos contaminados y monitoreo y mantenimiento posterior.

El proyecto contempla una duración estimada de un año, con inicio de la fase de estudios en febrero de 2026 y el arranque de las obras de remediación a partir de agosto, con conclusión prevista para diciembre del mismo año. El costo integral estimado asciende a 655 millones de pesos y considera la remediación de aproximadamente 256 mil toneladas de suelo distribuidas en 32 polígonos, incluyendo una ampliación para la zona de la presa Abelardo L. Rodríguez.

Los CCRS calificaron la propuesta como un paso positivo, aunque subrayaron que su efectividad dependerá de la transparencia, el cumplimiento de los plazos y la rendición de cuentas durante todo el proceso.


Agua potable: proyectos sin calendarización ni responsables definidos

En materia de agua, Conagua expuso una serie de acciones que incluyen la rehabilitación de seis plantas potabilizadoras existentes, la construcción de 16 nuevas plantas, la instalación de sistemas de desinfección en distintas localidades, estaciones automáticas de monitoreo de calidad del agua y la operación de un laboratorio regional.

No obstante, los CCRS señalaron la falta de claridad respecto a la calendarización de las obras, la asignación de responsabilidades y los costos de construcción, operación y mantenimiento. También expresaron preocupación por la lógica de priorización de localidades, al detectar inconsistencias entre los niveles de contaminación documentados y las soluciones planteadas para algunas comunidades.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la confianza en los monitoreos oficiales mediante esquemas de verificación independientes, con participación académica.


Salud humana: sin medidas inmediatas para población ya afectada

En el ámbito sanitario, el plan contempla la conclusión y equipamiento del hospital regional de Ures, que incluiría servicios especializados en atención a metales pesados, laboratorio toxicológico, seguimiento ambiental y atención renal. La obra tendría un plazo estimado de un año para su finalización.

Sin embargo, las autoridades no presentaron medidas de atención a corto plazo para personas que ya presentan afectaciones derivadas de la exposición a metales pesados, particularmente en población vulnerable. De acuerdo con los CCRS, la atención a personas enfermas quedó condicionada a la presencia de síntomas visibles, a pesar de que existen diagnósticos oficiales que documentan riesgos graves a la salud, incluyendo altos índices de anemia en la región.


Derecho a la verdad y participación comunitaria

Los CCRS recordaron que la cuenca del Río Sonora es un referente nacional en materia de participación comunitaria en justicia ambiental, al haber obtenido un reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, expresaron preocupación por la firma de nuevos convenios entre el gobierno federal y la empresa responsable sin la participación de las comunidades afectadas ni la transparencia de su contenido.

También señalaron la falta de claridad sobre el seguimiento de procesos legales previos, incluido el fideicomiso cuya extinción fue anulada por la Suprema Corte.


Demandas de los Comités de Cuenca del Río Sonora

Entre los principales planteamientos expuestos por los CCRS se encuentran:

  • Transparencia total de los resultados de monitoreo ambiental en agua, aire, suelo y sedimentos.
  • Un plan integral de salud que incluya atención preventiva y seguimiento médico para toda la población afectada.
  • Participación comunitaria efectiva en todas las etapas de los proyectos.
  • Publicación del convenio entre el gobierno federal y la empresa responsable.
  • Compromiso con un plan transexenal que reconozca que la contaminación por metales pesados no se resuelve en plazos cortos.
  • Continuidad de los procesos legales como garantía del derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

Los CCRS reiteraron que su exigencia se centra en el acceso a información clara, agua limpia, atención a la salud y participación efectiva en las decisiones que impactan directamente en la vida y el futuro de las comunidades del Río Sonora.


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