Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2025.
A once años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, autoridades federales y estatales presentaron este martes una propuesta de acciones para la remediación ambiental y la atención a la salud de las comunidades afectadas. Sin embargo, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) denunciaron intentos de exclusión, falta de transparencia y la ausencia de mecanismos claros de participación comunitaria.
El evento se realizó en Hermosillo y contó con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), IMSS-Bienestar y el Gobierno del Estado de Sonora.
A través de un comunicado, los CCRS destacaron que, al inicio del acto se intentó impedir el ingreso de representantes de las comunidades afectadas, pese a que habían sido previamente invitadas por el propio gobierno federal. Tras insistencia y presión, se permitió el acceso de una comitiva, la cual fue ubicada en la parte trasera del recinto, hecho que calificaron como inaceptable.
Las autoridades señalaron que las acciones presentadas se enmarcan en el Plan de Justicia para Cananea, creado en la administración federal anterior, el cual contempla cinco ejes: trabajo digno, atención médica y medicamentos gratuitos, bienestar, salud ambiental, derecho al agua y mejoramiento urbano. No obstante, las comunidades señalaron que durante el sexenio pasado no hubo avances reales ni justicia efectiva para las personas afectadas por el derrame.
La presentación ocurre después de meses de diálogo entre los Comités de Cuenca Río Sonora, SEMARNAT y PROFEPA, en los que —según las comunidades— se advirtió que las propuestas no eran nuevas, carecían de respaldo presupuestal, responsables definidos, calendario público y una ruta clara de implementación. También denunciaron que, a casi once años del desastre, no existía una estrategia legal contundente para obligar a Grupo México, propietario de la mina Buenavista del Cobre, a reparar los daños ni para cumplir las sentencias existentes.
Durante el acto, el Gobierno federal informó que alcanzó un acuerdo con Grupo México para la creación de un fondo de recursos, integrado en un 70.14% por la empresa, 21.7% por el Gobierno de México y 8% por el Gobierno de Sonora. Con este fondo se desarrollaría un plan integral de justicia ambiental y social.
Entre las acciones anunciadas para el Río Sonora se encuentran medidas de remediación de suelos contaminados y monitoreo permanente a cargo de SEMARNAT; la construcción de 16 plantas potabilizadoras, la adecuación de seis existentes y la instalación de 16 sistemas de desinfección por parte de CONAGUA; la colocación de tres estaciones de monitoreo de la calidad del agua y un centro de visualización en Ures para consulta pública; así como la construcción y equipamiento del nuevo hospital regional de Ures, con laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, una unidad de vigilancia epidemiológica y un centro de atención a la salud renal en Cananea.
Desde los Comités de Cuenca Río Sonora y la organización PODER, se reconoció que el anuncio representa un cambio en la forma en que el Estado mexicano ha abordado el caso. Sin embargo, advirtieron que persisten vacíos estructurales que deben atenderse de manera inmediata y con participación plena de las comunidades afectadas.
Entre sus principales exigencias se encuentra la aclaración pública y transparente sobre el futuro del Fideicomiso Río Sonora, cuya extinción fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que no puede cerrarse sin un proceso de participación comunitaria y sin la conformidad de las personas afectadas respecto a las medidas de reparación.
Asimismo, demandaron conocer a detalle el convenio alcanzado con Grupo México, al considerar insuficiente la simple mención de porcentajes de aportación económica, y reiteraron la necesidad de una calendarización pública con plazos verificables, responsabilidades definidas, mecanismos de supervisión y acceso a la información.
Finalmente, subrayaron que la atención a la salud debe ser una prioridad inmediata y no una promesa a futuro, al recordar que durante estos once años han fallecido personas afectadas por enfermedades relacionadas con la contaminación, sin haber recibido atención médica adecuada ni seguimiento epidemiológico oportuno.
Las comunidades advirtieron que se mantendrán vigilantes para evitar que el nuevo acuerdo derive en opacidad o impunidad, y exigieron que la justicia ambiental y social en el Río Sonora se construya con transparencia, cumplimiento de plazos y participación efectiva de quienes han sufrido directamente las consecuencias del desastre.
