Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025.– La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su preocupación por la propuesta de modificación al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, actualmente impulsada en la Cámara de Diputados, al considerar que podría afectar de manera significativa a la industria minera y a otros sectores productivos del país.
La organización, que agrupa a profesionales y especialistas del sector minero, reconoció la importancia de garantizar el agua como bien público y derecho humano, esencial para el desarrollo social, económico y ambiental. No obstante, advirtió que los términos planteados en la iniciativa legislativa generarían obstáculos para la operación de unidades mineras y comprometerían la producción de minerales estratégicos.
De acuerdo con cifras citadas por la AIMMGM, el 76% del agua concesionada en México se destina a actividades agrícolas; 14% al abastecimiento público; 5% al sector energético, y otro 5% a la industria. La minería, por su parte, utiliza únicamente 0.27% del volumen nacional, por lo que el organismo considera que la reforma tendría un impacto desproporcionado sobre el sector.
La asociación destacó que la minería formal opera bajo estrictos estándares ambientales y que, con la supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las empresas establecen lineamientos para un manejo responsable del recurso hídrico, tanto durante las operaciones como al cierre de las minas.
Según la AIMMGM, el cambio al Artículo 118 representa un riesgo directo para la continuidad de las operaciones mineras y podría poner en entredicho el sustento de aproximadamente tres millones de familias que dependen de esta actividad de manera directa o indirecta.
Diálogo y colaboración
El organismo reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio equilibrado y sostenible, alineado con los objetivos nacionales en materia de minería y gestión del agua. Asimismo, llamó a los legisladores a considerar ajustes que fortalezcan la gobernanza hídrica y promuevan la justicia socioambiental, ofreciendo la experiencia técnica de sus integrantes para lograr una regulación eficaz que no comprometa la competitividad del país.
