Ciudad de México, 2 de diciembre de 2025. La Cámara Minera de México (CAMIMEX) llamó al Poder Legislativo a realizar un análisis técnico y basado en evidencia sobre la modificación al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, al advertir que la redacción aprobada en la Cámara de Diputados podría frenar la operación de la minería formal en gran parte del país y afectar la competitividad industrial de México.
De acuerdo con el organismo, la redacción actual del artículo prácticamente prohíbe la construcción de infraestructura minera en zonas federales, lo que incluye depósitos de residuos y obras esenciales para el manejo de aguas residuales. Estas instalaciones son indispensables para operar de manera segura y responsable, especialmente en regiones montañosas donde se ubica la mayor parte de los yacimientos del país.
CAMIMEX subrayó que la minería formal y regulada no vierte residuos tóxicos en ríos, lagos o cuerpos de agua, y que los desechos del beneficio de minerales se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada bajo estándares internacionales y estricta supervisión de autoridades mexicanas.
La Cámara señaló que la prohibición planteada carece de fundamento técnico y tendría un impacto severo en la continuidad operativa de la industria minera, afectando a más de 3 millones de familias que dependen directa o indirectamente del sector, además de comprometer la seguridad nacional en el abastecimiento de minerales estratégicos.
CAMIMEX pidió que el Artículo 118 considere tres elementos clave:
- Reconocer que los residuos mineros se confinan de forma segura, sin verterse en cuerpos de agua ni representar riesgos para la salud.
- Tomar en cuenta la geografía del país, donde prohibiciones absolutas resultan inviables y podrían llevar a que México se vuelva dependiente de importaciones de minerales.
- Mantener la necesidad de autorizaciones y supervisión permanente de la infraestructura ubicada en zonas federales, indispensable para el cumplimiento ambiental de las operaciones.
La Cámara reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio eficaz y sustentable, que equilibre la protección ambiental con el funcionamiento de sectores esenciales.
“La minería responsable es un pilar para la economía, la competitividad y la seguridad nacional, así como para la estabilidad industrial de Norteamérica”, afirmó la organización.
