- Los Comités de Cuenca del Río Sonora denuncian la inacción del gobierno y exigen remediación ambiental, agua limpia y atención médica especializada.
Hermosillo, Sonora. 6 de agosto de 2025. — Con proyecciones luminosas, velas y un pronunciamiento contundente, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) conmemoraron este martes el 11º aniversario del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados tóxicos —ocasionado por Buenavista del Cobre (Grupo México)— en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Bajo consignas como “Tres presidencias, misma indiferencia #JusticiaParaElRíoSonora” y “Grupo México, no estás por encima del Estado”, las comunidades afectadas expusieron el fracaso acumulado de tres administraciones federales (Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum) para garantizar sus derechos humanos básicos:
- Agua libre de metales pesados (las 36 plantas potabilizadoras prometidas nunca se completaron).
- Salud especializada (el hospital de toxicología en Ures sigue en obra negra).
- Remediación ambiental (el río sigue contaminado, según datos oficiales de SEMARNAT).
“Seguimos tomando agua envenenada, sin médicos que entiendan intoxicación por metales, y con más muertes cada año”, denunciaron los CCRS, señalando que los gobiernos federal y estatal priorizan megaproyectos hídricos para mineras —como las presas cuestionadas— sobre la vida de 22,000 sonorenses afectados.
El derrame que nunca terminó
En agosto de 2014, el mayor desastre ambiental minero de México contaminó con arsénico, plomo y mercurio una cuenca vital para la agricultura y ganadería. A pesar del Fideicomiso Río Sonora (creado en 2015 con promesas de reparación), las comunidades documentan:
- Retrocesos en salud: Aumento de casos de cáncer, fallas renales y enfermedades neurodegenerativas sin atención especializada.
- Simulación institucional: El gobierno estatal ahora privatiza las plantas potabilizadoras, mientras Grupo México controla 60% del agua concesionada del río.
- Impunidad corporativa: La empresa evade su responsabilidad con aval gubernamental.
Demandas urgentes
A la Secretaría de Medio Ambiente cuya titular es María Luisa Albores, los CCRS han exigido:
- Un hospital de toxicología funcional (no el esqueleto abandonado en Ures).
- Plantas potabilizadoras con filtros para metales, bajo control comunitario.
- Vigilancia epidemiológica permanente y remediación científica del río.
- Sanciones reales a Grupo México y fin a la colusión política-empresarial.
“No queremos más reuniones simuladas. Exigimos acciones calendarizadas y dinero público que nos devuelva el río y la salud”, advirtió Laura Martínez, integrante de los CCRS, durante la velada donde se honró a activistas fallecidos “sin ver justicia”.
