A casi once años del considerado el peor desastre ambiental minero en México, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) denunciaron que las autoridades federales y estatales siguen sin presentar un plan real para remediar los daños del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocasionado por Grupo México en agosto de 2014.
Reunión sin avances
En un encuentro celebrado el pasado 20 de mayo con representantes de SEMARNAT, CONAGUA y el gobierno de Sonora, las comunidades afectadas señalaron que:
- Las propuestas oficiales carecen de cronogramas, responsables y presupuesto.
- Se repiten compromisos ya acordados en el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, incumplidos hasta ahora.
- No hay estrategia para obligar a Grupo México a reparar los daños, pese a resoluciones judiciales a favor de las víctimas.
“Las autoridades tienen estudios técnicos que confirman la contaminación. ¿Qué más necesitan para actuar?”, cuestionó un representante de los CCRS.
Los CCRS demandan un plan formal que incluya:
📅 Acciones con fechas límite (corto, mediano y largo plazo).
👥 Responsables públicos designados para cada medida.
💰 Presupuesto transparente y fuentes de financiamiento.
📢 Comisión de Supervisión con participación de las víctimas.
Además, lamentaron la ausencia del IMTA y el INECC, instituciones clave que realizaron estudios sobre la contaminación.
A través de un boletín de prensa, las comunidades recordaron que en 2023, el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud abandonaron la atención médica a pobladores con altos niveles de metales pesados en sangre, pese a los diagnósticos del Cenaprece.
Alerta por megaproyectos hídricos
Los CCRS exigieron transparencia sobre el Plan Hídrico para Sonora, que planea tres presas y dos acueductos en los ríos Sonora y San Miguel.
“No se pueden construir presas en una zona no remediada. El gobernador Alfonso Durazo prometió que las comunidades decidirían”, recordaron.
Debido a lo anterior, los CCRS enviarán una respuesta crítica a SEMARNAT en los próximos días y la harán pública.
“La justicia ambiental no es negociable. Seguiremos luchando por reparación integral, memoria y garantías de no repetición“, concluyeron.
