El 5 de febrero, en el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente Andrés Manuel López presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para realizar diversas reformas, siendo una de estas la prohibición de la minería a cielo abierto.
De acuerdo con la iniciativa, dirigida a la Dip. Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, a fin de proteger el medio ambiente y la salud se busca modificar el art. 27 constitucional para “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto, con la adición de que se sancionarán a las personas que realicen esas actividades”.
Según el documento, gracias a la técnica de minado en tajos se obtienen 28 gramos de oro por tonelada de material. Respecto a este dato fantástico que aparece en el proyecto de decreto, sólo podemos decir: Ojalá.
La iniciativa toma como marco una investigación de Maritza Vargas, llamada Extractivismo de enclave y minería a cielo abierto: impactos y consecuencias socioambientales, donde se acusa a la minería a cielo abierto de devastación, contaminación auditiva, de aire, suelo y agua, enfermedades, y hasta “pérdida de identidades socioculturales, desarraigo y fragmentación del tejido social comunitario”.
En el proyecto de AMLO se indica que actualmente en México existen alrededor de 264 minas a cielo abierto, y se hace mucho énfasis en la visión antigua de la minería depredadora, dejando de lado que para que una mina pueda operar en nuestro país debe contar con más de un millar de normas y reglamentos, además de contar con planes de cierre integrales.
Entre otros cambios propuestos por el Ejecutivo, figura también declarar al país libre de maíz transgénico, la no otorgación de concesiones de agua en zonas con baja disponibilidad, y la prohibición del fracking.
Fuente: Mundo Minero
